Ni seguridad, ni derechos

En México, la ‘guerra’ (redenominada oficialmente hace un año ‘estrategia’) contra el crimen organizado que lanzó el presidente Felipe Calderón en 2006 ni ha dado más seguridad a los ciudadanos ni ha garantizado sus derechos, solo se ha traducido en ejecuciones, desapariciones y torturas.

Lo dice la organización Human Right Watch en su último informe, un texto muy crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad y que documenta 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales cometidas en los 5 estados donde realizó sus investigaciones durante dos años: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Estos casos parecen ser la punta del iceberg de una política anticrimen que muchas veces viola el Estado de Derecho porque recordemos que dos de los estados más peligrosos en estos momentos, Tamaulipas y Veracruz, no están incluidos, como tampoco otros donde la violencia es intensa como Sinaloa, Estado de México o Coahuila.

El informe no tiene desperdicio. Habla de cómo el Estado mexicano se ha olvidado de la presunción de inocencia y considera que la gran mayoría de las 45.000 muertes vinculadas al narco son hombres, mujeres y niños que en ‘algo’ estarían. ¿Cómo lo saben -se pregunta HRW- si de todos esos asesinatos solo se investigaron 997 casos? Pero incluso cuando la justicia actúa no lo hace con rigor: de ese millar de averiguaciones previas sólo salieron 22 condenas… ¡¡de 45.0000 homicidios!! 

El documento, que señala el “fracaso” de la política del presidente Felipe Calderón, incluye testimonios que la prensa mexicana reproduce con titulares como estos: “Me empezaron a tocar el cuerpo”,  “‘Si quiero te mató’… y tuvo que confesar”, “‘Eviténse problemas’, dijo el coronel”.

También denuncia cómo el crimen y la inseguridad ha llegado a todos los ámbitos de la vida,  del gobierno a los periódicos, escuelas u hospitales (nadie se libra de las extorsiones), del ocio (la vida nocturna no existe ya en algunos lugares), a los negocios (las empresas de transporte, por ejemplo, reconocen off the record que gastan tanto en sus servicios de seguridad como en pagar las ‘cuotas’ para que les dejen pasar sin problemas por ciertos lugares y hasta el BBVA decía en una reciente rueda de prensa que  sólo en los países en guerra ha crecido la inseguridad  tanto como en México).

Asimismo, el informe explica cómo militares o policías contaminan y manipulan escenas del crimen, por ejemplo, para ‘sembrar’ armas a civiles abatidos y justificar así sus errores y cómo aunque crecen las denuncias en su contra no crece la justicia. Dos casos muy polémicos en los que estas prácticas quedaron al descubierto fueron el asesinato en marzo de 2010 de dos universitarios en pleno campus del Tecnológico de Monterrey,  a los que se quiso hacer pasar por sicarios, y la muerte de dos niños un mes después en un reten militar de Tamaulipas, un error que el ejército intentó justificar colocando armas la zona para simular que hubo un enfrentamiento con narcos.

Mientras tanto,  el gobierno insiste en que hace lo justo, en que los que violan los derechos humanos son los criminales (¿se olvida de que por eso se les denomina así, a diferencia de las supuestas ‘fuerzas de seguridad’?). Y está claro que entre aquellos que sufrieron vejaciones también hay culpables de delitos pero eso no justifica esas acciones, sino todo lo contrario, desacredita la actuación la ley y la justicia mexicana.

A Felipe Calderón  le quedan meses de gobierno y parece que no quiere pasar a la historia como el presidente que convirtió México en un territorio en guerra, sin líneas de fuego ni bandos definidos, lo que hace que la violencia llegue por cualquier lado y sea mucho más peligrosa. Por eso hace poco que inició un diálogo con las víctimas o algunas reformas legales que, aunque positivas, todavía están por concretarse (por ejemplo se acaba de aprobar en una comisión parlamentaria la ley para creación de una base de datos nacional de desaparecidos pero queda todavía un largo proceso legal y operativo para que esta petición que las víctimas llevan años exigiendo se convierta en realidad)

Los políticos, al final de sus días, siempre quieren lavar su cara y Calderón parece que ahora quiere convertirse en el ‘poli bueno’ de una estrategia en la que ha imperado la mano dura sin límites ni escrúpulos.

El informe completo está en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf