El avance del caracol

 Zapata y la Guadalupana - Caracol de Oventic

((Reportaje publicado por el diario EL MUNDO, el 12 de agosto de 2013. Lo recupero hoy,  porque creo que la efeméride del 1 de enero lo merece))

La Realidad (Chiapas, México)

“Han cambiado tanto las cosas… quien lo iba a pensar… ahora estamos mucho mejor. No ha sido facíl pero hemos resistido y ahora nos gobernamos solitos aunque la vida sigue siendo muy dura”. Doña Rosario, una anciana de la comunidad, interrumpe la conversación porque desde el escenario hay un aviso. “Compañeros, compañeras, les ruego que se formen, vamos a empezar con la ceremonia”. “Vamos a cantar el himno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Posición de saludo”. Doña Rosario está en primera fila y empieza a cantar, la mano en la frente, la frente alta.

“Vamos, vamos, vamos, vamos adelante/ Para que salgamos en la lucha adelante/ Porque nuestra Patria grita y necesita / De todo el esfuerzo de los zapatistas”. Las voces de más de un millar de indígenas, hombres, adolescentes, mujeres con niños en brazo… resuenan en medio de las montañas de la selva Lacandona, en Chiapas, casi en la frontera con Guatemala.

Es agosto de 2013, el acto más ceremonial de los tres días de fiesta en La Realidad, “la madre de todos los sueños”, el lugar nació hace diez años el primer ‘caracol’, las entidades de gestión creadas por los zapatistas una década después del alzamiento militar de enero de 1994, cuando, ante el incumplimiento de los acuerdos de paz de San Andrés de derechos indígenas (1996) optaron por actuar por su cuenta y organizar gobiernos autónomos que funcionaran al margen del estado mexicano.

También es el único acto que invita a recordar que el EZLN es todavía una guerrilla alzada en armas. Sus miembros podrían estar entre los participantes de la fiesta o en medio de la selva. Solo hay sonrisas silenciosas si alguien pregunta. Pero por si acaso, en La Realidad, donde solo hay un puñado de forasteros participando de la fiesta, no están permitidas las fotografías.

En el caracol de Oventic, sin embargo, donde llegaron muchas más personas de fuera, se impone mantener siempre puesto el pasamontañas o su tradicional pañuelo, por motivos de seguridad. Y allí se lanza un mensaje más medíatico de crítica a las políticas del gobierno federal y estatal. “La militarización y paramilitarización de todos los territorios indígenas está trayendo más inseguridad, terror, miedo y descontento para nuestros pueblos que no están conformes con ver a nuestras comunidades invadidas por miles de federales, militares y paramilitares que respaldan la violación de derechos humanos”, dice en Oventic una mujer zapatista de cara cubierta.

La indignación es un sentimiento muy presente entre los zapatistas. Lo hicieron sentir en la manifestación que protagonizaron en diciembre de 2012, cuando miles de ellos bajaron a las cabeceras municipales, como un gran ejército silencioso pero organizado, una llamada de atención que demotró a todos que siguen ahí y tienen fuerza. “Fue muy emocionante y se organizó bien rápido, teníamos que dejarnos oír, aunque fuera en silencio”, recuerda Juan en La Realidad. Fue entonces cuando el subcomandante Marcos reapareció vía comunicados tras un año de silencio y anunció que ahora la estrategia sería reforzar las acciones a través de la sociedad civil. Y una está a punto de comenzar justo cuando acaben las celebraciones, ‘la escuelita’, un curso en que los zapatistas explicarán su pensamiento, sus proyectos, su organización y su vida a casi 2000 mexicanos y extranjeros de distintas organizaciones, algo para lo que todas las comunidades llevan preparándose desde marzo.

“Un día como hoy pero de 2003 nacieron los caracoles y las Juntas del Buen Gobierno (JBG), nuestras instanacias máximas, donde ejercemos la verdadera libertad, la verdadera democracia, la verdadera justicia porque aquí el pueblo manda y el gobierno obecede, no como han venido haciendo los malos gobiernos desde hace 500 años”, dice un representante de la JBG de La Realidad desde el escenario. “Hace diez años que dejamos de ser parte del sistema capitalista y comenzamos a gobernarnos nosotros mismos y eso es tan fuerte que ya nadie podrá detenerlo“.

El discurso es en castellano, la lengua franca de los zapatistas, un movimiento que reune indígenas de muchas comunidades con lenguas muy distintas: man, tojolabal, tzotzil, chol….

Poco después empieza el baile pese a la lluvia y el fango. Pero hasta ese momento, no han dejado de trabajar ni un segundo. Organizados de forma democrática, asamblearia y rotativa (todos el mundo pasa por todos los puestos alguna vez) los integrantes de la Junta aprovecharon los festejos para rendir cuentas semestrales, unos informes que para alguien que llegue de fuera pueden resultar tediosos por lo detallados que son pero que demuestran el minucioso control que tienen las JBG de toda su administración. “Sí es cansado pero hay que hacerlo”, reconoce una mujer.

Así, toda la comunidad escucha los resultados de su sistema de créditos y cuando debe o ha pagado cada persona; se entera de en qué ocasiones ha tenido que actuar la comisión de justicia y porqué; de los beneficios de la última cosecha de café; sabe cuánto se ha gastado en compra de medicinas en cada clínina, o en libros para las escuelas, o para arreglar uno de sus camiones. “Al pricipio sí fue complicado pero ahora funciona todo mucho mejor“, explica Juan, uno de los miembros de La Realidad.

La estructura zapatista se basa en el autoabastecimiento y una de sus principales fuentes de ingresos, al margen de las donaciones, es el café, que venden mediante comercio informal a través de ONG nacionales o extranjeras o que compran los ‘coyotes’ para luego revenderlo. Pero, lógicamente, sus carencias son muchas. Su sistema sanitario, por ejemplo, se basa en una medicina preventiva que ha sido muy eficaz, dicen todos, y también cuentan con clínicas y un hospital donde las donaciones se convierten en algo básico y las carencias son muchas. “Solo tenemos un frasco de antídoto para mordeduras de serpiente y suele haber una al mes”, dice el promotor de Salud en la clínica de La Realidad.

La música del grupo “Los dragones de la selva” estuvo tocando toda la noche, lloviera o no. Al amanecer, todos vuelven al trabajo. Del subcomandante Marcos o la comandancia del EZLN no hubo ni rastro -al menos aparente- solo los omnipresentes dibujos que están en todos los caracoles junto a los de Emiliano Zapata o el Ché. “Tal vez para la fiesta del 20 aniversario del alzamiento, en enero”, dice burlón un hombre a algo que solo los forasteros se preguntan, porque para ellos, Marcos son todos.

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¡BRAVO GUATEMALA!

  • “Le habían sacado la lengua, tenía vendados con venda ancha o esparadrapo los ojos y tenía hoyos por donde quiera, en las costillas, como que tenía quebrado un brazo. Lo dejaron irreconocible; sólo porque yo conviví muchos años con él y yo le sabía de algunas cicatrices y vi que era él”.
  • “Los niños que asesinó el ejército los enterraron, fueron degollados con torniquete al pescuezo, los arrugaba, los hacía como una bolita, hay niños de tres años. Llegamos a ver, los vimos, tres niños, estaban colgados sin cabeza, estaban sus muñequitas de los niños a la espalda.” 
  • “Un día logré escapar y escondida vi a una mujer, le dieron un balazo y cayó, todos los soldados dejaron su mochila y se la llevaron arrastrada como a un chucho a la orilla del río, la violaron y mataron, también un helicóptero que sobrevolaba bajó y todos hicieron lo mismo con ella”.
  • “Hay mujeres colgadas, pues se va el palo adentro de sus partes y sale el palo en su boca, colgando la tiene así como una culebra”.
  •  “Cuando acampaba el ejército, al retirarse, dejaba algunas libras de sal envenenada; los responsables buscaban la manera de saber si estaba envenenada, lo comía una gallina. En Sumal intentaron envenenar el arroyo para matar a la gente. No sólo con bombas intentaron matar a la gente”.

Testimonios recogidos en el REMHI.

 

Efraín Ríos Montt fue general, presidente del Congreso y ahora, también, es un genocida sentenciado. Lo dice la justicia de su país, Guatemala, un estado centroamericano, acosado por el narcotráfico, con terribles índices de pobreza y violencia, con la mitad de su población marginada por su condición de indígena, pero un país  que ha dado una lección al mundo. Pese a su debilidad institucional, Guatemala ha conseguido sentar en el banquillo a uno de sus mandatarios. El hombre que durante décadas se escudó en la inmunidad que le ofrecían distintos cargos políticos, ahora tiene a sus espaldas 80 años de cárcel, 50 por genocidio y 30 más por crímenes de lesa humanidad. Y da igual si a sus 86 años ya no puede cumplir casi ninguno. Lo importante es la condena ejemplar, que sienta jurisprudencia.

Todavía recuerdo la mirada penetrante de ese hombre menudo y bajito. Sus ojos amenazantes, escudriñando al interlocutor. Corría el año 2001 y Guatemala estaba a punto de celebrar  el quinto aniversario de sus acuerdos de paz cuando me concedió una entrevista que transcurrió en su despacho del Congreso (cámara que entonces presidía). El motivo de la misma le causaba un placer que dejaba entrever en su actitud soberbia, por encima del bien y del mal. Desde el lugar que teóricamente es símbolo de democracia y estado de derecho se reía de la paz firmada, la que dejaba atrás una guerra que muchos calificaron como la más cruel y larga de toda América Latina, la que abrió y cerró la Guerra Fría y sucia de EEUU en su “patio trasero”, cuatro décadas que dejaron más de 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos, un millón de desplazados, medio de exiliados y en torno a 45.000 refugiados.  “Permítame que lo que pasó por mi cabeza aquel 29 de diciembre de 1996 me lo reserve solo para mí”, decía entonces.

 El general reconvertido en político de conveniencia sabía que le preguntaría sobre las masacres -“no sé de qué me habla”- de los procesos que comenzaban entonces contra él –“no tengo miedo a la justicia”- pero controlaba la situación de forma  inteligente y perversa, afirmando sin decirlo, negando sin negar. Por aquel entonces, hacía 20 años que había sido la persona más poderosa de  Guatemala.  

Ríos Montt gobernó el país de marzo de 1982 a agosto de 1983. No fue mucho tiempo pero ese poco más de un año (y el periodo de su predecesor , el general Romeo Lucas García, de 1978 a 1982) fue lo peor de lo peor de cuatro décadas de guerra. Entonces se puso en marcha la política de “tierra arrasada”, 440 aldeas fueron borradas del mapa y 150.000 civiles asesinados o desaparecidos. La justicia ahora condena al ex general por 1771 víctimas.

 

Durante su gobierno también fue cuando se institucionalizaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un ejército de 900.000 civiles, que se convirtieron en ojos y oídos de las fuerzas armadas y, en muchos casos, en brazos ejecutores de sus políticas más crueles aunque la mayoría de patrulleros eran  reclutados a la fuerza. “Y ese oficial nos decía que si no los matábamos nosotros, a todos nos iban a matar. Y así sucedió que tuvimos que hacerlo, no lo niego que sí tuvimos que hacerlo porque nos tenían amenazados”, aseguró un miembro de las PAC al informe “Nunca más” elaborado por la Iglesia, el REMHI http://www.odhag.org.gt/html/Default.htm .  .

 Hoy no hay mayor deshonor para Ríos Montt que el hecho de que la justicia que le sirvió de cómplice durante décadas, le condene a él, a todo un ‘patriota’ que quería hacer de Guatemala un país con una sola identidad pese a las 21 etnias distintas que conviven en su territorio y constituyen más de la mitad de la población.  Tal vez por eso, su primera reacción fue tachar todo el juicio de un “show político internacional”. Pero le guste o no, su condena es un logro de Guatemala, de esa Guatemala que lleva intentando resurgir desde 1996, cuando se firmó la paz, de esa Guatemala en la que muchos guatemaltecos todavía no creen, como la propia jueza que no podía ocultar las lágrimas al ver la emoción de la sala tras la condena, de esa Guatemala que ha demostrado al mundo que supo hacer lo que muchos países que se creen mejores ni siquiera sueñan.  

Los muertos no van a revivir, recordaban hoy los supervivientes de las atrocidades, pero todos, incluido el obispo Gerardi  (asesinado en 1998, dos días después de la presentación del informe “Nunca más”) ahora podrán descansar un poco más en paz.

 

 

 

 

La Justicia mexicana ante el ‘caso Cassez’

La Corte Suprema de Justicia de México decide el 21 de marzo si liberar o no a Florence Cassez, la francesa condenada a 60 años por secuestro y que lleva más  de 6 en cárceles mexicanas. El texto a debate establece que hubo  múltiples irregularidades en su proceso, entre ellas, un montaje televisivo elaborado por la propia policía (la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones) para escenificar una detención que nada tuvo que ver con la realidad. Pero más que el futuro de esta mujer lo que está en juego, coinciden los expertos, es la credibilidad de la justicia mexicana (ver artículo La Gaceta) vapuleada también el año pasado por un documental de gran éxito en el que se demuestra cómo se ‘fabrica’ a un culpable.  

 “Si se aprueba la propuesta presentada que  constata el ‘indebido’ proceso al que fue sometida Florence, México entrará en la posmodernidad de los derechos humanos. Si no, el desprestigio internacional caerá sobre este país”, afirma a esta reportera el padre Pedro Arellano, abogado , director de la Comisión Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal mexicana, y encargado de un informe destinado a aportar una “opinión jurídica” al juicio de amparo de Cassez, que fue rechazado y es el que ahora se revisa.

“La resolución del caso Cassez determinará si México es un Estado policiaco-militar-totalitario o uno donde se respetan los derechos humanos”, escribe en Reforma el ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo.

El tema invade los periódicos y no deja a nadie indiferente. Por un lado porque se convirtió en un conflicto diplomático México-Francia, entre el gobierno de  Felipe Calderón que quería mostrarse implacable ante el delito de secuestro,  y el ejecutivo de Nicolás Sarkozy, que exigió con gran arrogancia y sin éxito que Cassez cumpliera la pena en su país.  Pero sobre todo porque, como recuerda Arellano, el caso de la francesa está lejos de ser una excepción.

 “Yo calculo que la mitad de los encarcelados en México no han tenido un proceso justo”, asegura  este religioso que lleva 24 años visitando cárceles. “Hay ministerios públicos (fiscales) que me han reconocido ‘ay me obligaron a consignar a un inocente ‘ y todos sabemos los métodos de investigación que se usan, como ‘la bolsita de la verdad’” (una bolsa que se pone a los detenidos para asfixiarles  y que confiesen). “’Todos somos Florence’ me gritan ahora muchas mujeres”.

El texto que se debatirá el día 21 establece que el proceso contra Cassez estuvo viciado de origen al violarse el derecho a asistencia consular –el mismo al que México apela continuamente en EEUU, recuerda el ex ministro Jorge Castañeda–y también la presunción de inocencia porque las fuerzas de seguridad, dirigidas por el hoy ministro Genaro García Luna,  expusieron a la francesa a  “una escenificación planeada y orquestada” con el objetivo de exhibirla “ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”, un video que la dejó en una “indefensión total” y “vició” todas las evidencias incriminatorias (dos de los secuestrados cambiaron su declaración tras el montaje para acusarla).

Para Arellano su inocencia es clara por las muchas irregularidades y porque no hay pruebas que evidencien culpabilidad. “Cuando iniciamos la investigación no sabíamos qué había, buscábamos la verdad y nos encontramos no solo con el indebido proceso sino con muchas características de inocencia”.  Según cuenta, “hubo muchas presiones” del Gobierno para culpabilizar a Cassez y “subyugar a los jueces”. “Las tres sentencias condenatorias que hay contra ella son una sarta de sofismos, descalificaciones y juegos mediáticos”, añade quien vio su puesto tambalearse por las conclusiones a las que llegó pero que siempre contó con el apoyo del Vaticano.

Los analistas consideran que la actuación de la policía se debió a la necesidad desesperada de las fuerzas de seguridad por  mostrar ‘éxitos’ contra el crimen. Y el hecho de que la francesa osara desacreditar al propio García Luna en un programa al que llamó desde la cárcel para tacharle de mentiroso por el montaje televisivo, no hizo sino agravar más las cosas.

 “Cassez nos pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro sistema: un sistema que puede hacer lo que sea, fabricar culpables, esconder evidencias, aparecer otra nueva, encontrar un testigo y meterlo ahí, no saben cuantas veces pasa esto”, indicaba hace unos días en un foro sobre el tema la investigadora Ana Laura Magaloni.

De hecho, además de la liberación de Cassez, expertos como Arellano confían en que el caso conlleve también el enjuiciamiento de García Luna, la autoridad que ordenó la creación del video que se convirtió en prueba de cargo y que él mismo reconoció que se trató de una “reconstrucción”.

En este punto coinciden todos los juristas, hasta los que defienden la culpabilidad de la francesa.

“Los errores del proceso son imputables a la autoridad, entonces… que se castigue a la autoridad. Pero es incorrecto que ese error saque a la calle a una persona que es culpable”, afirma el director de Programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar.

Sociedad, políticos y los expertos se encuentran divididos. Unos se quejan de los privilegios de Cassez por ser extranjera mientras otros inocentes son ignorados en las cárceles. Organizaciones de derechos humanos piden a la Justicia mexicana un avance en un país con un grado de impunidad que supera el 90%, según reconoce el propio presidente.  Y colectivos de víctimas, el ejecutivo y la procuraduría reclaman que no se olvide a los que fueron secuestrados , una incongruencia, según Arellano,  “cuando el mayor productor de víctimas en México es el gobierno”.  En esta línea, días antes del fallo, el presidente Felipe Calderón pidió al Poder Judicial  que su interpretación de la ley no abra rendijas que dejen escapar a los delincuentes, toda una injerencia según juristas del país.

Sin embargo, Arellano recuerda que no hubo pronunciamiento alguno cuando la Corte Suprema liberó, también porque no se cumplió el debido proceso, a los participantes en la matanza de Acteal (45 indígenas asesinados en Chiapas en 1997 con la complicidad de las autoridades) “aunque el 80% de ellos habían confesado su participación en la masacre”.

“Hay un falso debate sobre el tema de las víctimas”, sentencia el abogado defensor de Cassez, Agustín Acosta, que recuerda que lo que está en juego es un debate constitucional. “La principal víctima es Florence.  Lo peor que puede pasar es que se encarcele a una inocente y se fabrique un expediente para satisfacer el drama del secuestro en México”

A su juicio, la mejor respuesta para todas las víctimas es “que haya un debido proceso e investigaciones serias”.  “Florence estaría libre en cualquier país”, garantiza. “Ahora está esperanzada pero con una gran angustia”, añade. “Son días muy duros, se está jugando su destino”.

Ni seguridad, ni derechos

En México, la ‘guerra’ (redenominada oficialmente hace un año ‘estrategia’) contra el crimen organizado que lanzó el presidente Felipe Calderón en 2006 ni ha dado más seguridad a los ciudadanos ni ha garantizado sus derechos, solo se ha traducido en ejecuciones, desapariciones y torturas.

Lo dice la organización Human Right Watch en su último informe, un texto muy crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad y que documenta 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales cometidas en los 5 estados donde realizó sus investigaciones durante dos años: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Estos casos parecen ser la punta del iceberg de una política anticrimen que muchas veces viola el Estado de Derecho porque recordemos que dos de los estados más peligrosos en estos momentos, Tamaulipas y Veracruz, no están incluidos, como tampoco otros donde la violencia es intensa como Sinaloa, Estado de México o Coahuila.

El informe no tiene desperdicio. Habla de cómo el Estado mexicano se ha olvidado de la presunción de inocencia y considera que la gran mayoría de las 45.000 muertes vinculadas al narco son hombres, mujeres y niños que en ‘algo’ estarían. ¿Cómo lo saben -se pregunta HRW- si de todos esos asesinatos solo se investigaron 997 casos? Pero incluso cuando la justicia actúa no lo hace con rigor: de ese millar de averiguaciones previas sólo salieron 22 condenas… ¡¡de 45.0000 homicidios!! 

El documento, que señala el “fracaso” de la política del presidente Felipe Calderón, incluye testimonios que la prensa mexicana reproduce con titulares como estos: “Me empezaron a tocar el cuerpo”,  “‘Si quiero te mató’… y tuvo que confesar”, “‘Eviténse problemas’, dijo el coronel”.

También denuncia cómo el crimen y la inseguridad ha llegado a todos los ámbitos de la vida,  del gobierno a los periódicos, escuelas u hospitales (nadie se libra de las extorsiones), del ocio (la vida nocturna no existe ya en algunos lugares), a los negocios (las empresas de transporte, por ejemplo, reconocen off the record que gastan tanto en sus servicios de seguridad como en pagar las ‘cuotas’ para que les dejen pasar sin problemas por ciertos lugares y hasta el BBVA decía en una reciente rueda de prensa que  sólo en los países en guerra ha crecido la inseguridad  tanto como en México).

Asimismo, el informe explica cómo militares o policías contaminan y manipulan escenas del crimen, por ejemplo, para ‘sembrar’ armas a civiles abatidos y justificar así sus errores y cómo aunque crecen las denuncias en su contra no crece la justicia. Dos casos muy polémicos en los que estas prácticas quedaron al descubierto fueron el asesinato en marzo de 2010 de dos universitarios en pleno campus del Tecnológico de Monterrey,  a los que se quiso hacer pasar por sicarios, y la muerte de dos niños un mes después en un reten militar de Tamaulipas, un error que el ejército intentó justificar colocando armas la zona para simular que hubo un enfrentamiento con narcos.

Mientras tanto,  el gobierno insiste en que hace lo justo, en que los que violan los derechos humanos son los criminales (¿se olvida de que por eso se les denomina así, a diferencia de las supuestas ‘fuerzas de seguridad’?). Y está claro que entre aquellos que sufrieron vejaciones también hay culpables de delitos pero eso no justifica esas acciones, sino todo lo contrario, desacredita la actuación la ley y la justicia mexicana.

A Felipe Calderón  le quedan meses de gobierno y parece que no quiere pasar a la historia como el presidente que convirtió México en un territorio en guerra, sin líneas de fuego ni bandos definidos, lo que hace que la violencia llegue por cualquier lado y sea mucho más peligrosa. Por eso hace poco que inició un diálogo con las víctimas o algunas reformas legales que, aunque positivas, todavía están por concretarse (por ejemplo se acaba de aprobar en una comisión parlamentaria la ley para creación de una base de datos nacional de desaparecidos pero queda todavía un largo proceso legal y operativo para que esta petición que las víctimas llevan años exigiendo se convierta en realidad)

Los políticos, al final de sus días, siempre quieren lavar su cara y Calderón parece que ahora quiere convertirse en el ‘poli bueno’ de una estrategia en la que ha imperado la mano dura sin límites ni escrúpulos.

El informe completo está en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

Aborto y Justicia en México

Esta semana México se ha convulsionado con el debate del aborto. Dos estados, Baja California y San Luis Potosí, intentaron declarar inconstitucional unas enmiendas que protegían la vida desde la concepción, algo que 16 de los 32 estados del país hacen. No lo consiguieron. La ola anti-abortista, liderada por el propio presidente Felipe Calderón, se extiende.

Pero más allá del problema de legalizar o no el aborto hay una realidad: el ensañamiento con los más débiles. ¿Alguien en su sano jucio, incluido el más ferviente religioso, podría decir que es justo condenar a 30 años  de cárcel a una mujer por abortar? ¿Y si encima ese aborto es espontáneo? No es ciencia ficción, es realidad en partes de un país donde más del 90% de los crímenes quedan impunes.

Como cuenta este vídeo, hace un año, 9 mujeres en esas circunstancias consiguieron la libertad gracias a la labor de una ONG de abogadas,  http://www.laslibres.org.mx/ y de la presión de la sociedad mexicana, que se unió para denunciar la situación. Hoy el problema continúa y todavía hay alguna mujer tras las rejas por este motivo, por ejemplo en el estado de Guerrero.

México grita ¡Basta ya!

No más sangre. No más violencia.

Los mexicanos pueden decirlo más alto pero no más claro.  Lo han repetido en muchos rincones del país y a lo largo de dos caravanas por la paz, una que tuvo lugar en primavera y recorrió el norte. La otra acaba de terminar tras atravesar las zonas más conflictivas del sur. En total más de 10.000 kilómetros y dos reclamos: paz y justicia.

Pero las protestas civiles pacíficas no son, lamentablemente, las únicas expresiones de hartazgo. También hay quien quiere tomarse la justicia por su mano. O quien cree que las armas le garantizarán la tranquilidad.LEER REPORTAJE