La Justicia mexicana ante el ‘caso Cassez’

La Corte Suprema de Justicia de México decide el 21 de marzo si liberar o no a Florence Cassez, la francesa condenada a 60 años por secuestro y que lleva más  de 6 en cárceles mexicanas. El texto a debate establece que hubo  múltiples irregularidades en su proceso, entre ellas, un montaje televisivo elaborado por la propia policía (la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones) para escenificar una detención que nada tuvo que ver con la realidad. Pero más que el futuro de esta mujer lo que está en juego, coinciden los expertos, es la credibilidad de la justicia mexicana (ver artículo La Gaceta) vapuleada también el año pasado por un documental de gran éxito en el que se demuestra cómo se ‘fabrica’ a un culpable.  

 “Si se aprueba la propuesta presentada que  constata el ‘indebido’ proceso al que fue sometida Florence, México entrará en la posmodernidad de los derechos humanos. Si no, el desprestigio internacional caerá sobre este país”, afirma a esta reportera el padre Pedro Arellano, abogado , director de la Comisión Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal mexicana, y encargado de un informe destinado a aportar una “opinión jurídica” al juicio de amparo de Cassez, que fue rechazado y es el que ahora se revisa.

“La resolución del caso Cassez determinará si México es un Estado policiaco-militar-totalitario o uno donde se respetan los derechos humanos”, escribe en Reforma el ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo.

El tema invade los periódicos y no deja a nadie indiferente. Por un lado porque se convirtió en un conflicto diplomático México-Francia, entre el gobierno de  Felipe Calderón que quería mostrarse implacable ante el delito de secuestro,  y el ejecutivo de Nicolás Sarkozy, que exigió con gran arrogancia y sin éxito que Cassez cumpliera la pena en su país.  Pero sobre todo porque, como recuerda Arellano, el caso de la francesa está lejos de ser una excepción.

 “Yo calculo que la mitad de los encarcelados en México no han tenido un proceso justo”, asegura  este religioso que lleva 24 años visitando cárceles. “Hay ministerios públicos (fiscales) que me han reconocido ‘ay me obligaron a consignar a un inocente ‘ y todos sabemos los métodos de investigación que se usan, como ‘la bolsita de la verdad’” (una bolsa que se pone a los detenidos para asfixiarles  y que confiesen). “’Todos somos Florence’ me gritan ahora muchas mujeres”.

El texto que se debatirá el día 21 establece que el proceso contra Cassez estuvo viciado de origen al violarse el derecho a asistencia consular –el mismo al que México apela continuamente en EEUU, recuerda el ex ministro Jorge Castañeda–y también la presunción de inocencia porque las fuerzas de seguridad, dirigidas por el hoy ministro Genaro García Luna,  expusieron a la francesa a  “una escenificación planeada y orquestada” con el objetivo de exhibirla “ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”, un video que la dejó en una “indefensión total” y “vició” todas las evidencias incriminatorias (dos de los secuestrados cambiaron su declaración tras el montaje para acusarla).

Para Arellano su inocencia es clara por las muchas irregularidades y porque no hay pruebas que evidencien culpabilidad. “Cuando iniciamos la investigación no sabíamos qué había, buscábamos la verdad y nos encontramos no solo con el indebido proceso sino con muchas características de inocencia”.  Según cuenta, “hubo muchas presiones” del Gobierno para culpabilizar a Cassez y “subyugar a los jueces”. “Las tres sentencias condenatorias que hay contra ella son una sarta de sofismos, descalificaciones y juegos mediáticos”, añade quien vio su puesto tambalearse por las conclusiones a las que llegó pero que siempre contó con el apoyo del Vaticano.

Los analistas consideran que la actuación de la policía se debió a la necesidad desesperada de las fuerzas de seguridad por  mostrar ‘éxitos’ contra el crimen. Y el hecho de que la francesa osara desacreditar al propio García Luna en un programa al que llamó desde la cárcel para tacharle de mentiroso por el montaje televisivo, no hizo sino agravar más las cosas.

 “Cassez nos pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro sistema: un sistema que puede hacer lo que sea, fabricar culpables, esconder evidencias, aparecer otra nueva, encontrar un testigo y meterlo ahí, no saben cuantas veces pasa esto”, indicaba hace unos días en un foro sobre el tema la investigadora Ana Laura Magaloni.

De hecho, además de la liberación de Cassez, expertos como Arellano confían en que el caso conlleve también el enjuiciamiento de García Luna, la autoridad que ordenó la creación del video que se convirtió en prueba de cargo y que él mismo reconoció que se trató de una “reconstrucción”.

En este punto coinciden todos los juristas, hasta los que defienden la culpabilidad de la francesa.

“Los errores del proceso son imputables a la autoridad, entonces… que se castigue a la autoridad. Pero es incorrecto que ese error saque a la calle a una persona que es culpable”, afirma el director de Programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar.

Sociedad, políticos y los expertos se encuentran divididos. Unos se quejan de los privilegios de Cassez por ser extranjera mientras otros inocentes son ignorados en las cárceles. Organizaciones de derechos humanos piden a la Justicia mexicana un avance en un país con un grado de impunidad que supera el 90%, según reconoce el propio presidente.  Y colectivos de víctimas, el ejecutivo y la procuraduría reclaman que no se olvide a los que fueron secuestrados , una incongruencia, según Arellano,  “cuando el mayor productor de víctimas en México es el gobierno”.  En esta línea, días antes del fallo, el presidente Felipe Calderón pidió al Poder Judicial  que su interpretación de la ley no abra rendijas que dejen escapar a los delincuentes, toda una injerencia según juristas del país.

Sin embargo, Arellano recuerda que no hubo pronunciamiento alguno cuando la Corte Suprema liberó, también porque no se cumplió el debido proceso, a los participantes en la matanza de Acteal (45 indígenas asesinados en Chiapas en 1997 con la complicidad de las autoridades) “aunque el 80% de ellos habían confesado su participación en la masacre”.

“Hay un falso debate sobre el tema de las víctimas”, sentencia el abogado defensor de Cassez, Agustín Acosta, que recuerda que lo que está en juego es un debate constitucional. “La principal víctima es Florence.  Lo peor que puede pasar es que se encarcele a una inocente y se fabrique un expediente para satisfacer el drama del secuestro en México”

A su juicio, la mejor respuesta para todas las víctimas es “que haya un debido proceso e investigaciones serias”.  “Florence estaría libre en cualquier país”, garantiza. “Ahora está esperanzada pero con una gran angustia”, añade. “Son días muy duros, se está jugando su destino”.