El cóctel cubano

El cóctel cubano (LEER REPORTAJE) (publicado el 29/04/2012)

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La Justicia mexicana ante el ‘caso Cassez’

La Corte Suprema de Justicia de México decide el 21 de marzo si liberar o no a Florence Cassez, la francesa condenada a 60 años por secuestro y que lleva más  de 6 en cárceles mexicanas. El texto a debate establece que hubo  múltiples irregularidades en su proceso, entre ellas, un montaje televisivo elaborado por la propia policía (la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones) para escenificar una detención que nada tuvo que ver con la realidad. Pero más que el futuro de esta mujer lo que está en juego, coinciden los expertos, es la credibilidad de la justicia mexicana (ver artículo La Gaceta) vapuleada también el año pasado por un documental de gran éxito en el que se demuestra cómo se ‘fabrica’ a un culpable.  

 “Si se aprueba la propuesta presentada que  constata el ‘indebido’ proceso al que fue sometida Florence, México entrará en la posmodernidad de los derechos humanos. Si no, el desprestigio internacional caerá sobre este país”, afirma a esta reportera el padre Pedro Arellano, abogado , director de la Comisión Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal mexicana, y encargado de un informe destinado a aportar una “opinión jurídica” al juicio de amparo de Cassez, que fue rechazado y es el que ahora se revisa.

“La resolución del caso Cassez determinará si México es un Estado policiaco-militar-totalitario o uno donde se respetan los derechos humanos”, escribe en Reforma el ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo.

El tema invade los periódicos y no deja a nadie indiferente. Por un lado porque se convirtió en un conflicto diplomático México-Francia, entre el gobierno de  Felipe Calderón que quería mostrarse implacable ante el delito de secuestro,  y el ejecutivo de Nicolás Sarkozy, que exigió con gran arrogancia y sin éxito que Cassez cumpliera la pena en su país.  Pero sobre todo porque, como recuerda Arellano, el caso de la francesa está lejos de ser una excepción.

 “Yo calculo que la mitad de los encarcelados en México no han tenido un proceso justo”, asegura  este religioso que lleva 24 años visitando cárceles. “Hay ministerios públicos (fiscales) que me han reconocido ‘ay me obligaron a consignar a un inocente ‘ y todos sabemos los métodos de investigación que se usan, como ‘la bolsita de la verdad’” (una bolsa que se pone a los detenidos para asfixiarles  y que confiesen). “’Todos somos Florence’ me gritan ahora muchas mujeres”.

El texto que se debatirá el día 21 establece que el proceso contra Cassez estuvo viciado de origen al violarse el derecho a asistencia consular –el mismo al que México apela continuamente en EEUU, recuerda el ex ministro Jorge Castañeda–y también la presunción de inocencia porque las fuerzas de seguridad, dirigidas por el hoy ministro Genaro García Luna,  expusieron a la francesa a  “una escenificación planeada y orquestada” con el objetivo de exhibirla “ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”, un video que la dejó en una “indefensión total” y “vició” todas las evidencias incriminatorias (dos de los secuestrados cambiaron su declaración tras el montaje para acusarla).

Para Arellano su inocencia es clara por las muchas irregularidades y porque no hay pruebas que evidencien culpabilidad. “Cuando iniciamos la investigación no sabíamos qué había, buscábamos la verdad y nos encontramos no solo con el indebido proceso sino con muchas características de inocencia”.  Según cuenta, “hubo muchas presiones” del Gobierno para culpabilizar a Cassez y “subyugar a los jueces”. “Las tres sentencias condenatorias que hay contra ella son una sarta de sofismos, descalificaciones y juegos mediáticos”, añade quien vio su puesto tambalearse por las conclusiones a las que llegó pero que siempre contó con el apoyo del Vaticano.

Los analistas consideran que la actuación de la policía se debió a la necesidad desesperada de las fuerzas de seguridad por  mostrar ‘éxitos’ contra el crimen. Y el hecho de que la francesa osara desacreditar al propio García Luna en un programa al que llamó desde la cárcel para tacharle de mentiroso por el montaje televisivo, no hizo sino agravar más las cosas.

 “Cassez nos pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro sistema: un sistema que puede hacer lo que sea, fabricar culpables, esconder evidencias, aparecer otra nueva, encontrar un testigo y meterlo ahí, no saben cuantas veces pasa esto”, indicaba hace unos días en un foro sobre el tema la investigadora Ana Laura Magaloni.

De hecho, además de la liberación de Cassez, expertos como Arellano confían en que el caso conlleve también el enjuiciamiento de García Luna, la autoridad que ordenó la creación del video que se convirtió en prueba de cargo y que él mismo reconoció que se trató de una “reconstrucción”.

En este punto coinciden todos los juristas, hasta los que defienden la culpabilidad de la francesa.

“Los errores del proceso son imputables a la autoridad, entonces… que se castigue a la autoridad. Pero es incorrecto que ese error saque a la calle a una persona que es culpable”, afirma el director de Programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar.

Sociedad, políticos y los expertos se encuentran divididos. Unos se quejan de los privilegios de Cassez por ser extranjera mientras otros inocentes son ignorados en las cárceles. Organizaciones de derechos humanos piden a la Justicia mexicana un avance en un país con un grado de impunidad que supera el 90%, según reconoce el propio presidente.  Y colectivos de víctimas, el ejecutivo y la procuraduría reclaman que no se olvide a los que fueron secuestrados , una incongruencia, según Arellano,  “cuando el mayor productor de víctimas en México es el gobierno”.  En esta línea, días antes del fallo, el presidente Felipe Calderón pidió al Poder Judicial  que su interpretación de la ley no abra rendijas que dejen escapar a los delincuentes, toda una injerencia según juristas del país.

Sin embargo, Arellano recuerda que no hubo pronunciamiento alguno cuando la Corte Suprema liberó, también porque no se cumplió el debido proceso, a los participantes en la matanza de Acteal (45 indígenas asesinados en Chiapas en 1997 con la complicidad de las autoridades) “aunque el 80% de ellos habían confesado su participación en la masacre”.

“Hay un falso debate sobre el tema de las víctimas”, sentencia el abogado defensor de Cassez, Agustín Acosta, que recuerda que lo que está en juego es un debate constitucional. “La principal víctima es Florence.  Lo peor que puede pasar es que se encarcele a una inocente y se fabrique un expediente para satisfacer el drama del secuestro en México”

A su juicio, la mejor respuesta para todas las víctimas es “que haya un debido proceso e investigaciones serias”.  “Florence estaría libre en cualquier país”, garantiza. “Ahora está esperanzada pero con una gran angustia”, añade. “Son días muy duros, se está jugando su destino”.

Día de visita en la cárcel de Tepepan

   Se acaba el día de visita en la cárcel de Tepepan. Los ojos de la mujer brillan, sobre todo al despedirse, cuando el vínculo con el visitante se ha estrechado. El pelo, rubio cobrizo, flota largo y rizado hasta la altura de las caderas. “Decidí no cortármelo mientras estuviera aquí, para darme cuenta de que el tiempo pasa”.  Ahí, en la despedida,  Florence Cassez, la presa extranjera más famosa de México y puede que también una de las más envidiadas, ya no parece la mujer hiperactiva que se emociona, se indigna, se altera al contar su historia mientras ofrece café o te a su visita como buena anfitriona,  sino la presa que, tras el breve contacto con el mundo exterior, se siente de nuevo encerrada y abraza a quien ha compartido con ella unas horas como si quisiera retener algo de su libertad.

Uno no sabe que hará a continuación. Cuenta poco de cómo pasa el día. Teje, pinta, antes hacía colgantes que luego vendía. Sobre todo,  habla por teléfono, todo lo que la permiten sus tarjetas prepago, con su familia, con sus amigos, con sus abogados, con quien se interese por su caso.  La cabina telefónica, en la sala de usos múltiples de la prisión, la mantiene activa, ocupada,  hasta bromea que necesitaría un asistente. Quizás, tras la visita nueva,  se sienta en su cama y apunta minuciosamente en su agenda de varios dedos de grosor, el nombre de quien acaba de conocer y todos los detalles que recuerde de esa persona, años, teléfono, impresiones. Tal vez luego, si le ha caído bien y ha averiguado su fecha de cumpleaños, le llame ese día para felicitarle e impresionar con un poco de humanidad desde la cárcel. “Me gusta hacerlo, sorprende muchísimo y a mí no me lo pueden hacer”.

Algunos la han tachado de presa privilegiada.  No comparte camastro y posiblemente recibe más visitas, ropa, comida y tarjetas telefónicas que muchas otras mujeres que, a veces, no tienen ni un familiar que se interese por ellas.  Hasta ahí sus privilegios declarados. Es la única europea de las poco más de 300 reclusas que hay en la cárcel de Tepepan, la única a la que el presidente de su país está dispuesta a ayudar, posiblemente de las pocas por las que se interesa la prensa (aunque eso no siempre es bueno porque su proceso “mediático” parece tener más fuerza que su “proceso jurídico” y ambos “no encajan”, se queja), y la mujer que personifica el conflicto entre la sociedad y el poder, entre una joven extranjera y un ministro del Gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el político ansioso de éxitos contra el crimen al que osó desafiar en plena televisión , al que hizo reconocer en directo que su detención había sido un montaje organizado para la prensa. Su peor pesadilla desde entonces.

Estaría loca si no tuviera miedo. Todos sabemos que tienen el poder para hacerme cualquier cosa. Estoy en sus manos. Pero rehuso a vivir con ese miedo, seguiré con la frente alta hasta el final y aunque después de seis años encerrada, no te acostumbras, sí aprendes a controlar tu estress”.  Sin embargo, la aterran eventuales ‘traslados’, como los dos que la llevaron de Tepepan a Santa Martha Acatitla, una prisión de máxima seguridad, mucho más dura, en represalia por hablar en directo con la TV. “Esto es un infierno pequeño, de 300 personas  y a las que casi todas conoces. Santa Martha es un infierno de 2000 presas”.

Su cara cambia al recordar su última visita a ese reclusorio. “El miedo se apoderó de mi cuando me dijeron que me iba y que no recogiera nada porque donde iba no lo iba a necesitar, pensé que me iban a matar, estaba aterrada”.  El argumento oficial era un traslado por motivos de seguridad porque había peligro de que se suicidara. Ella lo niega tajantemente. “Nunca estuve en esa situación”. Tres días después la mandaron de vuelta a Tepepan. Se había multiplicado la seguridad en su dormitorio, una gran sala con cinco baños y cinco duchas  en la que conviven 70 mujeres distribuidas en pequeños habitáculos de 2 a 4 presas cada uno (ella es la única que está sola)  resguardados por una cortina. Pusieron  custodias las 24 horas del día y cámaras para controlar todo movimiento. “Fue un momento feo, todas decían que era por mi culpa”. Pero también reconoce que a partir de entonces se siente más segura. “No les conviene que me pase nada pero soy consciente de que para muchos estaría mejor muerta”. Quizás por eso ha aprendido a no descansar, a sueños de solo 4 ó 5 horas en un duermevela que la mantiene alerta por si viene otro ‘castigo’ otro ‘traslado’, lo que más la atemoriza, “no me vaya a resbalar”.

Entre sus peores momentos recuerda las primeras 24 horas tras su detención, sin asistencia consular, con la boca seca, desnudándose cada vez que lo pedían, contestando a preguntas que tras dos noches sin dormir casi ni entendía. “La SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) es un circo, te dictan las preguntas y te dictan lo que debes contestar. ‘Por qué estás aquí’ y tu dices ‘secuestro’. Yo me negé pero se aprovechan de tu agotamiento total, tu debilidad mental y al final firmas la declaración que te traen solo por un café , por  un cigarro, por lavarte las manos”.

Otro momento crítico fueron sus dos años y medio sin hablar por recomendación de su abogado. “Callarme fue lo peor, lo hice pensando en que iba a salir pero el día en que me sentenciaron a 96 años (luego la sentencia cambió a 60) me hicieron el favor de liberarme la voz”. Desde entonces, “llevo gritando mi inocencia a todo aquel que me quiera escuchar”. “Prefiero equivocarme a quedarme callada pero aprendí a ser paciente, a entender los problemas de los demás, a asimilar que había tiempos políticos”.

Hoy, se siente un poco más optimista. Sabe que se han corregido sentencias de condenados a los que no se le aplicó el debido proceso y cree que la situación actual no es la de antaño. “Claro que las cosas han cambiado, ahora estoy en la Corte Suprema y tengo esperanza”. En parte se la debe al presidente de este tribunal, Juan Silva Meza, que al inaugurar el curso político de la Corte, abogó por una nueva ley de amparo que dé mayores derechos y certezas a los ciudadanos.  “Es nuevo que hablen y defiendan la independencia de la Corte frente al Presidente. Yo sentía que hablaba de mí, que empezaba un nuevo tiempo, máxime cuando después del informe de la Iglesia  los mexicanos –antes reacios a creer en su inocencia- llegaron a abrazarme”.  Ese documento, fruto de 7 meses de trabajo y dirigido por el director de la Comisión Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Mexicana, Pedro Arellano, asegura que Florence Cassez es inocente. Ella comenta que en aquel momento,  sintió algo parecido a cuando saltó a la fama el documental “Presunto Culpable”.  Pero “nada tan fuerte como ahora”. “Ya empieza a caminar el tren”.

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Visité a Florence Cassez en noviembre de 2011. Cuatro meses después, el 21 de marzo de 2012, la Corte Suprema debe votar una propuesta de sentencia de revisión de su juicio de amparo. Si se acepta, será  liberada inmediatamente por violaciones al debido proceso que viciaron toda la investigación, una de las principales, el montaje sobre su captura elaborado por la ya disuelta Agencia Federal de Investigaciones, dirigida por el hoy secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ni seguridad, ni derechos

En México, la ‘guerra’ (redenominada oficialmente hace un año ‘estrategia’) contra el crimen organizado que lanzó el presidente Felipe Calderón en 2006 ni ha dado más seguridad a los ciudadanos ni ha garantizado sus derechos, solo se ha traducido en ejecuciones, desapariciones y torturas.

Lo dice la organización Human Right Watch en su último informe, un texto muy crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad y que documenta 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales cometidas en los 5 estados donde realizó sus investigaciones durante dos años: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Estos casos parecen ser la punta del iceberg de una política anticrimen que muchas veces viola el Estado de Derecho porque recordemos que dos de los estados más peligrosos en estos momentos, Tamaulipas y Veracruz, no están incluidos, como tampoco otros donde la violencia es intensa como Sinaloa, Estado de México o Coahuila.

El informe no tiene desperdicio. Habla de cómo el Estado mexicano se ha olvidado de la presunción de inocencia y considera que la gran mayoría de las 45.000 muertes vinculadas al narco son hombres, mujeres y niños que en ‘algo’ estarían. ¿Cómo lo saben -se pregunta HRW- si de todos esos asesinatos solo se investigaron 997 casos? Pero incluso cuando la justicia actúa no lo hace con rigor: de ese millar de averiguaciones previas sólo salieron 22 condenas… ¡¡de 45.0000 homicidios!! 

El documento, que señala el “fracaso” de la política del presidente Felipe Calderón, incluye testimonios que la prensa mexicana reproduce con titulares como estos: “Me empezaron a tocar el cuerpo”,  “‘Si quiero te mató’… y tuvo que confesar”, “‘Eviténse problemas’, dijo el coronel”.

También denuncia cómo el crimen y la inseguridad ha llegado a todos los ámbitos de la vida,  del gobierno a los periódicos, escuelas u hospitales (nadie se libra de las extorsiones), del ocio (la vida nocturna no existe ya en algunos lugares), a los negocios (las empresas de transporte, por ejemplo, reconocen off the record que gastan tanto en sus servicios de seguridad como en pagar las ‘cuotas’ para que les dejen pasar sin problemas por ciertos lugares y hasta el BBVA decía en una reciente rueda de prensa que  sólo en los países en guerra ha crecido la inseguridad  tanto como en México).

Asimismo, el informe explica cómo militares o policías contaminan y manipulan escenas del crimen, por ejemplo, para ‘sembrar’ armas a civiles abatidos y justificar así sus errores y cómo aunque crecen las denuncias en su contra no crece la justicia. Dos casos muy polémicos en los que estas prácticas quedaron al descubierto fueron el asesinato en marzo de 2010 de dos universitarios en pleno campus del Tecnológico de Monterrey,  a los que se quiso hacer pasar por sicarios, y la muerte de dos niños un mes después en un reten militar de Tamaulipas, un error que el ejército intentó justificar colocando armas la zona para simular que hubo un enfrentamiento con narcos.

Mientras tanto,  el gobierno insiste en que hace lo justo, en que los que violan los derechos humanos son los criminales (¿se olvida de que por eso se les denomina así, a diferencia de las supuestas ‘fuerzas de seguridad’?). Y está claro que entre aquellos que sufrieron vejaciones también hay culpables de delitos pero eso no justifica esas acciones, sino todo lo contrario, desacredita la actuación la ley y la justicia mexicana.

A Felipe Calderón  le quedan meses de gobierno y parece que no quiere pasar a la historia como el presidente que convirtió México en un territorio en guerra, sin líneas de fuego ni bandos definidos, lo que hace que la violencia llegue por cualquier lado y sea mucho más peligrosa. Por eso hace poco que inició un diálogo con las víctimas o algunas reformas legales que, aunque positivas, todavía están por concretarse (por ejemplo se acaba de aprobar en una comisión parlamentaria la ley para creación de una base de datos nacional de desaparecidos pero queda todavía un largo proceso legal y operativo para que esta petición que las víctimas llevan años exigiendo se convierta en realidad)

Los políticos, al final de sus días, siempre quieren lavar su cara y Calderón parece que ahora quiere convertirse en el ‘poli bueno’ de una estrategia en la que ha imperado la mano dura sin límites ni escrúpulos.

El informe completo está en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

Aborto y Justicia en México

Esta semana México se ha convulsionado con el debate del aborto. Dos estados, Baja California y San Luis Potosí, intentaron declarar inconstitucional unas enmiendas que protegían la vida desde la concepción, algo que 16 de los 32 estados del país hacen. No lo consiguieron. La ola anti-abortista, liderada por el propio presidente Felipe Calderón, se extiende.

Pero más allá del problema de legalizar o no el aborto hay una realidad: el ensañamiento con los más débiles. ¿Alguien en su sano jucio, incluido el más ferviente religioso, podría decir que es justo condenar a 30 años  de cárcel a una mujer por abortar? ¿Y si encima ese aborto es espontáneo? No es ciencia ficción, es realidad en partes de un país donde más del 90% de los crímenes quedan impunes.

Como cuenta este vídeo, hace un año, 9 mujeres en esas circunstancias consiguieron la libertad gracias a la labor de una ONG de abogadas,  http://www.laslibres.org.mx/ y de la presión de la sociedad mexicana, que se unió para denunciar la situación. Hoy el problema continúa y todavía hay alguna mujer tras las rejas por este motivo, por ejemplo en el estado de Guerrero.

México grita ¡Basta ya!

No más sangre. No más violencia.

Los mexicanos pueden decirlo más alto pero no más claro.  Lo han repetido en muchos rincones del país y a lo largo de dos caravanas por la paz, una que tuvo lugar en primavera y recorrió el norte. La otra acaba de terminar tras atravesar las zonas más conflictivas del sur. En total más de 10.000 kilómetros y dos reclamos: paz y justicia.

Pero las protestas civiles pacíficas no son, lamentablemente, las únicas expresiones de hartazgo. También hay quien quiere tomarse la justicia por su mano. O quien cree que las armas le garantizarán la tranquilidad.LEER REPORTAJE